Ley histórica en España: gran conquista de derechos para el colectivo LGBTIQ+
Por Abril Neiman.
La lucha por el reconocimiento de la identidad de género tiene una larga trayectoria en su haber. Si bien ha sido invisibilizada, en las últimas décadas se dieron grandes avances que contribuyeron a su objetivo principal: la igualdad de trato, derechos y oportunidades en los distintos ámbitos de la vida, sin distinción alguna por el género o la sexualidad.
En 2023, el movimiento LGTBIQ+ celebra un enorme avance: se acaba de sancionar una ley histórica en España, la Ley 04/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI[1].
Esta ley es muy abarcativa ya que busca proteger a las personas de este colectivo en todos los aspectos de la vida, tales como el ámbito administrativo; laboral; de la salud; de la educación; de la cultura, el ocio y el deporte; de los medios de comunicación social e internet; de la familia, la infancia y la juventud; de la acción exterior y la protección internacional; en el medio rural; y también en el ámbito del turismo.
A través de esta nueva normativa se reconoce el derecho a la identidad de género, otorgándole a cualquier persona mayor de 16 años la posibilidad de realizar el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil, sin necesidad de presentar un informe médico o psicológico, ni cambio de apariencia. En concordancia con esto, también se busca proteger el derecho a la salud de aquellas personas que sí decidan realizar intervenciones quirúrgicas para el cambio de su apariencia.
Pero esta ley va todavía un poco más allá e integra otras cuestiones. Por ejemplo, establece la necesidad de fomentar, garantizar y promover la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito laboral e introduce la integración sociolaboral de las personas trans, para lo cual se ordenan algunas medidas obligatorias que debe la administración pública debe seguir a partir de ahora.
Trasladándonos a Latinoamérica, Argentina fue uno de los primero países en el mundo en, por decirlo de alguna manera, dar “el primer salto” al reconocer el derecho identitario de las personas en la Ley 26.743 de Identidad de Género[2], sancionada en el año 2012. Esto significó por primera vez la no patologización de las identidades trans, permitiendo no sólo acceder al cambio registral –que, al igual que la nueva ley de España, no necesita de una previa intervención quirúrgica, tratamiento hormonal o certificado psicológico-, sino también a garantizar el cambio de imagen. Expresamente se consagra el derecho al trato digno y al libre desarrollo personal, que consiste en la posibilidad de toda persona mayor de 18 años de acceder a los tratamientos integrales hormonales o intervenciones quirúrgicas para adecuar su cuerpo a su identidad de género auto percibida.
Esta ley fue un inmenso logro en nuestro país, y significó una fuerte sensación de esperanza para este colectivo en el resto del mundo. Lo vemos hoy reflejado en la situación legislativa española.
A pesar de los avances de estas últimas décadas, tanto nuestro país como el resto del mundo debe continuar debatiendo y legislando para lograr la efectiva eliminación de la discriminación y desigualdad entre lo “queer” y lo heteronormativo. Mientras tanto, como sociedad debemos trabajar para reconocer y respetarnos entre todos, borrar poco a poco la desigualdad, hasta que resulte algo sencillamente impensable, y así conseguir la plena integración del colectivo LGTBIQ+.
[1] Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de marzo de 2023.
[2] Ley 26.743 sobre Identidad de Género, publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo de 2012.
Para más información por favor contactarse con: aneiman@ojambf.com.