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Día del Respeto a la Diversidad Cultural: reflexiones del pasado y desafíos del futuro

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: reflexiones del pasado y desafíos del futuro

Por Giuliana Gallo

El 12 de octubre se conmemora en la República Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, El Decreto 1584/2010 modificó el nombre de este feriado, anteriormente denominado Día de la Raza, con el objetivo de visibilizar las diversas culturas que enriquecen nuestro continente.

Vale la pena entonces mencionar y reconocer a nuestros pueblos originarios, fuentes de cultura e identidad.

La población indígena en Argentina se estima que fue de alrededor de 500,000 personas de 30 grupos diferentes en tiempos precolombinos. Según el Censo Nacional de 2022, 1,306,730 personas ahora se identifican como pertenecientes a grupos indígenas, lo que representa aproximadamente el 2.9% de la población total del país. Estos pueblos indígenas están distribuidos por todo el país y, a agosto de 2023, se organizan en 1,837 comunidades. Estas comunidades están conectadas a más de 40 grupos indígenas, basando su identificación en el autorreconocimiento. La mayoría de las comunidades están ubicadas en áreas rurales, donde a menudo enfrentan tensiones sociales-territoriales y diversos riesgos relacionados con las condiciones ambientales y sociopolíticas de esas regiones.

La legislación ha avanzado precisamente en el reconocimiento de derechos de los pueblos originarios. A continuación, una breve reseña de la normativa más importante, nacional e internacional:

El Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizando derechos esenciales como la identidad cultural, la educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento legal de las comunidades indígenas, la propiedad y posesión comunitarias de tierras, así como su participación en la gestión de recursos naturales. Además, la Ley 25.517 obliga a la restitución de restos indígenas mantenidos en museos y colecciones a las comunidades que los soliciten. Tanto el marco legal nacional como internacional abordan varios derechos indígenas.

La Ley 23.302 asegura el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de tierras, estableciendo que las tierras asignadas a las comunidades indígenas deben ser suficientes para su desarrollo y uso. Estas tierras no pueden ser vendidas, alquiladas o subdivididas sin la debida autorización. Para apoyar a estas comunidades, un fondo especial de asistencia permanecerá en vigor hasta 2025. La misma ley también protege la educación y la salud: se establece que la educación primaria se imparta en la lengua materna indígena durante los primeros tres años, seguida de educación bilingüe en los niveles posteriores. Además, las políticas educativas incluyen la enseñanza de técnicas agrícolas e industriales modernas a las comunidades indígenas.

En cuanto a la salud, las comunidades indígenas cuentan con hospitales móviles para áreas aisladas, la integración de la medicina tradicional indígena en los planes de salud nacionales y la distribución gratuita de medicamentos esenciales. La Ley 26.994 establece un registro de nombres indígenas para ayudar a preservar la identidad cultural. Sin embargo, este registro se ha utilizado menos desde 2015 debido a una modificación en el Código Civil y Comercial Nacional que ahora permite el registro de nombres indígenas o derivados de ellos bajo el Artículo 63, Inciso C.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), establecido en 1985, es el organismo encargado de implementar políticas públicas y garantizar el cumplimiento de la legislación relacionada con los pueblos indígenas. Además, la integración del INAI en el SINAGIR (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil) a través de la Comisión Técnica Nro. 18 representa un avance significativo en la gestión de riesgos de desastres que afectan específicamente a las comunidades indígenas. El Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres tiene como objetivo definir, ejecutar y promover políticas públicas orientadas a prevenir o reducir los riesgos de desastres, en particular en relación con las actividades que aborden las amenazas que enfrentan las comunidades indígenas.

El rol del INAI incluye la gestión del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, la asignación y supervisión del uso de tierras para los grupos indígenas, la construcción de viviendas en áreas rurales y urbanas, la realización de relevamientos territoriales de los territorios ocupados por las comunidades indígenas, y la implementación de la Ley 26.160, que declara la emergencia en relación a la posesión y propiedad de tierras indígenas y prohíbe los desalojos hasta 2025.

Además, Argentina ha ratificado varios acuerdos internacionales que fortalecen estos derechos. Por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Artículo 8 j) exige la protección y preservación del conocimiento tradicional, asegurando que las comunidades indígenas puedan participar en los beneficios derivados de su conocimiento. De manera similar, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) reconoce su derecho a controlar y proteger su patrimonio cultural, conocimiento y territorios.

En consecuencia, de las leyes, instituciones y políticas públicas en Argentina, emergen varios principios clave sobre los derechos indígenas:

  • El autogobierno y autodeterminación son centrales, permitiendo a las comunidades indígenas gestionar sus asuntos internos y decidir sus caminos políticos, sociales y culturales.
  • El principio de consulta libre, previa e informada asegura que los pueblos indígenas participen activamente en las decisiones que afectan sus tierras y recursos, mientras que la participación diferenciada garantiza que sus voces sean escuchadas en los procesos políticos.
  • La propiedad comunitaria de tierras es crucial, con el Estado responsable de la delimitación y titulación de los territorios indígenas para protegerlos contra amenazas externas.
  • Las comunidades indígenas también tienen derecho a usar y controlar los recursos naturales en sus tierras, promoviendo la sostenibilidad.
  • La diversidad cultural y el derecho a la identidad cultural están protegidos, permitiendo a los pueblos indígenas preservar sus lenguas, tradiciones y costumbres.
  • En casos de violaciones de derechos, la restitución y compensación aseguran reparación por tierras o recursos perdidos.
  • Finalmente, el desarrollo sostenible promueve el crecimiento económico respetando las culturas indígenas y el equilibrio ambiental.

En suma, aunque la República Argentina ha dado pasos significativos en la protección y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aún quedan importantes desafíos por delante. La implementación efectiva de estos derechos requiere un compromiso sostenido del Estado para garantizar que las políticas y normativas se cumplan en todo el territorio nacional, promoviendo el respeto hacia la diversidad cultural y fortaleciendo la participación activa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.

Para cumplir estos objetivos, el Estado argentino deberá continuar fortaleciendo la articulación entre Nación y provincias, así como el diálogo con las comunidades indígenas, asegurando que sus voces sean parte fundamental en los procesos de desarrollo. El compromiso estatal no solo debe enfocarse en la legislación, sino también en la aplicación práctica de estos derechos, de modo que las comunidades indígenas puedan prosperar en un entorno que respete su identidad, autonomía y derechos fundamentales.

Fuentes:

Para más información contactarse con ggallo@ojambf.com

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